La tiranía fiscal (I)

https://www.youtube.com/watch?v=MBfodEkNIE0

Peter Kopa, 9.10.2020

Impuestos a nivel confiscatorio

           El promedio de la carga fiscal global en los países de la OCDE se sitúa el 48% (incluyendo el IVA), lo cual significa que prácticamente la mitad del año, todo empleado y todo empresario trabaja casi la mitad del año para mantener al Estado, del cual revierten, lógicamente, prestaciones, que son sin embargo desproporcionadas al sacrificio que hace el ciudadano. Y en esta carga fiscal personal y corporativa no se incluyen las tasas –que son prestaciones del Estado pagadas-.  ¿Tiene alguien noticia de que esta carga fiscal creciente haya sido alguna vez llevada a votación?  Excepto Suiza y otros pocos sitios, donde este tema pasa por el filtro del referéndum, que yo sepa los grandes países han ido apretando el torniquete fiscal, sintiéndose legitimados a ello por su mandato político, siendo en la mayoría de los casos el poder ejecutivo el que aumenta los impuestos, sin apoyatura directa alguna en la voluntad del pueblo elector.

            Pregunto al lector: ¿Por qué será que el referéndum es rechazado por los políticos como el agua bendita por los demonios? ¿No será porque los gobernantes temen la participación directa del pueblo en los asuntos fiscales?  La mayoría de los pensadores académicos en este sector sostienen que una carga fiscal excesiva se convierte de hecho en una confiscación. Las diferencias entre los diversos expertos sólo están en el porcentaje desde el cual se puede hablar de confiscación: algunos desde el 30%, otros a partir de algo más, según las prestaciones del estado y otros factores.

Lesión del derecho del ciudadano a iniciativas subsidiarias

           Este nivel confiscatorio deja al ciudadano un margen de libertad muy estrecho para que él mismo, como miembro activo de los grupos intermedios (fundaciones, asociaciones, think tanks etc.), mantenga además con su dinero iniciativas en el sector educativo u otros, ya que el estado no debería cubrirlo todo con su propia gestión, que es siempre más cara y, sobre todo, no puede tener en cuenta el deseo del ciudadano ni respetar óptimamente sus opciones religiosas o culturales. ¿No es injusto que, en este punto, la política de subvenciones de las iniciativas ciudadanas suela tener la fuerte impronta del interés del gobierno, que quiere controlarlo todo? ¿No es esto una clara reliquia del estado absolutista, que lo creíamos totalmente superado? 

          Donde más se manifiesta esta tendencia abusiva es en el sector educativo, porque la mejor forma de tener ciudadanos-corderos, que ciegamente sean obedientes al ´gran hermano´, es mediante el currículo de materias en el ciclo primario y secundario. En este sentido, una extraña ideología que viene impuesta desde la UE, se manifiesta en el enorme ´pressing´ por instaurar la iniciación sexual ya en la escuela primaria, a niños y niñas desde los 9 años de edad, sin consulta previa de si esto gusta o no a los padres, que es la única y máxima instancia respecto a la educación de sus hijos. ¿No resulta en este contexto es muy indicativo el que los regímenes totalitarios, de tristísima memoria, hayan monopolizado totalmente la educación de los niños mediante guarderías estatales y un currículo escolar que tenía como fin distanciar al niño de sus padres para formarlo como un instrumento útil para los intereses políticos del estado, ensenándoles incluso a delatar a sus padres?

Derecho de los ciudadanos a auditar al Estado

           Lo ideal sería que una institución pagada por los ciudadanos se dedicase a auditar jurídicamente la legitimidad de los miles y miles de reglamentos que emanan las diversas reparticiones del Estado, no sólo en lo que toca a los impuestos. En ciertas constituciones se prohíbe al estado aumentar la carga fiscal sin una autorización del soberano, es decir, del pueblo elector. El resultado de este control sería que el estado tendría que restituir todos aquellos impuestos y contribuciones que no tuviesen fundamento directo o indirecto en la voluntad del pueblo.

En Suiza se distinguen dos conceptos: la ´Steuerumgehung´ es evitar impuestos dentro del marco legal, lo cual sería la elusión fiscal. En cambio, la ´Steuerhinterziehung´ es la evasión fiscal que sólo es punible cuando se basa en declaraciones fiscales falsas con ánimo de engañar. Cuando no se dan tales condiciones, que tiene que demostrar el Fisco, sólo cabe aplicar una multa, porque el hecho se considera ´Kavaliersdelikt´, o delito de caballeros. Allí, los funcionarios fiscales son amables y sonrientes, respetándose todavía el secreto bancario sobre todo en favor de los suizos.

Un poco de historia

Hace dos mil años, los impuestos se cobraban más bien a los extranjeros en las regiones conquistadas y sometidas a la propia autoridad. En la Edad Media se exigía el diezmo, es decir el 10% de la cosecha o de la cría de ganado. La revolución industrial desde principios del s. XIX dio lugar a la aparición de las empresas y del empresario capitalista. La mecanización de la agricultura dejó sin trabajo a la gente del campo, que no tuvo más remedio que afluir a las ciudades y trabajar a sueldo en las fábricas. Al mismo tiempo se perfilaba el Estado moderno como organización jurídica de una o varias naciones.  Desde entonces el Estado comenzó a construir vías públicas, puentes, ferrocarriles (ya entonces este sector era excepcionalmente privado, como en los USA) y a tener un ejército de mayores proporciones.

El progreso tecnológico hizo que el Estado asumiera cada vez más y más funciones (sanidad, fondo de pensiones, educación pública obligatoria), requiriendo una contribución fiscal cada vez mayor al ciudadano. En el siglo XIX había grandes injusticias sociales, que fueron poco a poco mitigadas gracias también a las encíclicas sociales ´Rerum Novarum´ y más tarde, a los 40 años, la ˇQuadragesimo Anno´, en la que se inspiró directamente Adenauer, el presidente del Gobierno Alemán de la postguerra, para organizar el aparato público de prevención social, al inicio de los años cincuenta. A su vez, este sistema fue fuente de inspiración para muchos otros países. 

Hoy, como se dijo anteriormente, el promedio de carga fiscal total de los países de la OCDE está llegando ya al 48% sobre los ingresos individuales y corporativos. Esta carga incluye los impuestos directos e indirectos, pero no las tasas. Hace años que los ciudadanos rechazan este altísimo nivel, protestando de hecho a través de   la economía sumergida y la elusión o evasión fiscal legal e ilegal. Las corporaciones aprovechan todas las posibilidades legales para de evitar parte de los impuestos mediante estrategias de estructuración de la empresa. Una buena parte de los 6 millones de abogados en los USA se dedican a la así llamada ˇtax shelter industry´ o industria de protección contra los impuestos. Esta oposición a los impuestos está fuertemente incentivada por la corrupción, el despilfarro y por las prestaciones relativamente pobres del Estado. Pregunto al lector: ¿No resulta confiscatorio un impuesto del 48 por ciento en Europa? ¿Nos devuelve realmente el Estado estos impuestos con prestaciones a las que tenemos derecho?

La realidad es que encima de esta carga fiscal, la administración pública no desaprovecha ninguna ocasión de encuentro con el ciudadano para cobrar: por aparcar el coche, por utilizar una autopista, por dar validez a ciertos documentos y registros, por utilizar medios públicos de transporte, por estudiar en universidades estatales, por respirar etc. ¿No será que una gran parte de los ciudadanos nos hemos ido acostumbrando a que el más mínimo servicio del Estado sea por pago in situ? ¿Entonces, en que se gasta ese 48% de carga fiscal?  ¿No será que todo se va en el mantenimiento del aparato burocrático? Lo cierto es que al Estado le gusta cobrar doblemente en virtud de reglamentos y ordenanzas, que nunca hubiesen sido aprobadas en un referéndum u otra forma de aprobación directa del ciudadano. Y capítulo aparte son en este sentido las empresas autárquicas del Estado, que trato aparte en otro artículo.