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Escándalo de redes pederastas en GB
Peter Kopa, Praga, 27.6.2025
Comentamos un artículo de Kurt Mahlburg del 18.6.2025, aparecido en The Daily Declaration, Australia. Vemos aquí a dónde lleva al hombre el rechazo fáctico de Dios y de sus mandamientos, que siempre desencadena una secuencia de desastres morales. En nuestro caso se trata mayoritariamente de niños que no han crecido bajo el amparo de sus padres, sino que son las víctimas del maltrato y abandono de los mismos. Sin fe cualquiera puede llegar a comportarse como un Hitler o como un Stalin: según Jordan Peterson, sólo es cuestión de circunstancias: https://www.youtube.com/watch?v=MsNUKuccJ78&ab_channel=LexClips
Si el estado no está bajo el amparo de una cultura cristiana, no podrá inculcar él mismo las enseñanzas de la fe. Por esto, la Iglesia es en el fondo la salvación del estado, porque trae la salvación de la fe al individuo, que durante tanto siglo se ha manifestado hacia afuera en la forma de la cultura judeo-cristiana. En la medida en que ésta se deja de lado aparecen la desolación moral sin esperanza. Esto lo confirma los abusos que comentamos, porque son perpetrados por británicos de origen pakistaní.
Una auditoría oficial denuncia la pederastia
La Auditoría Nacional sobre la Explotación y el Abuso Sexual Infantil en Grupo, realizada por la baronesa Casey de Blackstock y publicada en junio, pone al descubierto la magnitud de los abusos y su continua negación. Esta actitud oficial ha favorecido los abusos, confirmando lo que denunciantes y activistas, a menudo encargado por el Gobierno británico en febrero, llevaban años advirtiendo.
El informe Casey encargado por el Gobierno Británico en febrero, se centra en las «bandas de grooming» (grooming significa seducción), que son grupos organizados de agresores, en su mayoría hombres británicos de origen pakistaní, que operan con impunidad en pueblos y ciudades de todo el país.
La conclusión de la baronesa Casey fue inequívoca: no se trata solo de un fracaso policial, sino de un fracaso político y cultural, agravado por la evasión deliberada de verdades incómodas.
«La explotación sexual infantil en grupo… es uno de los delitos más atroces de nuestra sociedad», escribió Casey. «Estamos hablando de múltiples agresiones sexuales cometidas contra niños por múltiples hombres en múltiples ocasiones; palizas y violaciones en grupo».
La auditoría ha sido una dura crítica al fracaso de la clase política a la hora de afrontar el problema, y gran parte de la inercia institucional se remonta a la época en que Sir Keir Starmer era director del Ministerio Público (DPP). Según los críticos, bajo su mandato, los fiscales evitaron perseguir a los autores pertenecientes a minorías étnicas —en particular, hombres británicos de origen pakistaní—, lo que permitió que los abusos continuaran sin control.
«Nuestro fracaso colectivo, a la hora de abordar las cuestiones relacionadas con el origen étnico de las bandas de grooming, ha dominado el debate político e institucional», añadió, «sin que se haya dado una respuesta definitiva a nivel nacional».
Reacción forzada del Gobierno Británico
En respuesta a la publicación del informe, el primer ministro Keir Starmer no tuvo más remedio que anunciar que el Gobierno pondría en marcha una investigación nacional, añadiendo que había leído «cada palabra» del informe Casey y que aplicaría íntegramente sus propuestas.
El anuncio de Starmer supuso un giro radical, ya que anteriormente había rechazado las peticiones de una investigación nacional —presionado tanto por los conservadores como por Reform UK— argumentando que las recomendaciones existentes de una revisión previa de la profesora Alexis Jay eran suficientes y acusando a los defensores de la investigación de «subirse al carro de la extrema derecha».
Denuncias previas de los pederastas
Las conclusiones se hacen eco de las preocupaciones expresadas insistentemente por figuras como Tommy Robinson —vilipendiado durante mucho tiempo en los círculos dominantes y censurado en las redes sociales—, quien advirtió que las autoridades estaban haciendo la vista gorda ante los abusos a menores por miedo a ser tachadas de racistas.
La defensa de la causa por parte del multimillonario empresario Elon Musk también ha vuelto a ser objeto de atención desde la publicación del informe. A principios de 2025, Musk criticó abiertamente a los líderes del Partido Laborista, entre ellos Sir Keir Starmer y la ministra de Protección, Jess Phillips, por su renuencia a abordar la etnicidad de los autores y las fallas sistémicas que permitieron que los abusos continuaran sin control.
Los observadores señalan asimismo que la compra de X por parte de Musk y la posterior retirada de la censura política crearon un entorno en línea en el que los denunciantes, los supervivientes y los comentaristas independientes pudieron compartir pruebas y testimonios sobre las bandas de grooming.
Según la auditoría, se utilizaron datos incompletos y politizados de forma selectiva para evitar abordar las dinámicas étnicas o religiosas que no encajaban en las narrativas populares. Como resultado, los agresores se aprovecharon del silencio, mientras que las víctimas quedaron desprotegidas.
La auditoría estima que alrededor de 500 000 niños sufren algún tipo de abuso sexual cada año en el Reino Unido, la mayoría de los cuales no se denuncian. Solo en 2024, la policía registró más de 100 000 delitos de abuso y explotación sexual infantil, pero solo 17 100 fueron oficialmente señalados como CSE. De ellos, solo 700 fueron identificados como incidentes de CSE en grupo en los datos más recientes.
Se niega la justicia a los supervivientes de bandas de grooming
Quizás lo más desgarrador sean las voces de las supervivientes. La auditoría recoge historias de mujeres que sufrieron abusos cuando eran niñas y que se han visto traumatizadas de nuevo por un sistema judicial que sigue fallándoles. Algunos casos llevan años estancados y los abusadores han quedado en libertad. Las órdenes de anonimato destinadas a proteger a las supervivientes también se han incumplido sin consecuencias.
«Estas mujeres estaban enfadadas, con razón, por lo que se les había permitido que les sucediera cuando eran niñas», afirma el informe, «pero parecían igualmente traumatizadas por el trato que recibían actualmente por parte de los organismos oficiales».
En algunos casos, incluso se negó a las víctimas el asesoramiento psicológico para superar el trauma, por temor a que pudiera interferir en las investigaciones en curso, lo que las dejó sin apoyo y sufriendo. Como dijo la baronesa Casey: «Como sociedad, tenemos una deuda con estas mujeres».
La auditoría concluye con una serie de recomendaciones urgentes: endurecer las leyes contra la violación, introducir normas nacionales de concesión de licencias para profesiones de alto riesgo, como la de taxista, y mejorar la recopilación de datos demográficos para comprender mejor el alcance del problema.
También hace hincapié en la necesidad de la rendición de cuentas política e institucional, tanto por los fallos del pasado como por abordar las difíciles realidades del futuro.
