La próxima vacuna 

https://www.youtube.com/watch?v=BegGXhBD4Lc

https://www.youtube.com/watch?v=tw4KZEJl8JI

Esta columna apareció por primera vez en el sitio web The Catholic Thing (www.thecatholicthing.org). Derechos de autor 2020. Todos los derechos reservados. Reimpreso con permiso.

Traducción del original en Inglés, abajo.

El autor, Matthew Hanley es miembro senior del Centro Nacional Católico de Bioética. El nuevo libro del Sr. Hanley, Determinar la muerte por criterios neurológicos: Current Practice and Ethics, es una publicación conjunta del National Catholic Bioethics Center y Catholic University of America Press. Las opiniones expresadas aquí son las del Sr. Hanley y no las del ncbc. Miércoles, 16 de septiembre de 2020.

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Si lo has escuchado una vez, lo has escuchado un millón de veces: que la vida no puede volver a la normalidad hasta que una vacuna esté lista para detener el COVID-19. Debido al miedo, al pánico agresivo y a la confianza ciega en lo que se nos dice falazmente que es “ciencia”, este argumento ha cobrado tal impulso que oponerse parece impensable, pudiendo incluso llegar a ser un delito punible.

Por un lado, escuchamos que el ingenio y las libertades estadounidenses (que por supuesto deben ser apreciadas) nos han permitido estar a punto de tener dicha vacuna en un tiempo récord. Por otro lado, varias voces católicas se han centrado en cuestiones sobre una vacuna que, en algún momento de su desarrollo, podría hacer uso de líneas celulares derivadas de fetos abortados.

Esta objeción es importante, porque es nuestra responsabilidad estar atentos para exigir alternativas no contaminadas (aunque esas vacunas puedan, en determinadas circunstancias, utilizarse lícitamente ya que la cooperación material es suficientemente remota). Sin embargo, hay una cuestión más amplia que requiere mucha más atención de la que ha recibido hasta ahora.

Me refiero a toda la premisa de que una vacuna es indispensable para que las personas reanuden sus vidas, lo cual, desde el punto de vista de la salud pública, es absurdo. Se habla incluso de que puede llegar a ser obligatoria – que la reanudación de las actividades básicas como el trabajo, la escuela, los viajes, el comercio, etc. dependería de la obtención de la vacuna. Eso sería una maniobra extrema y abiertamente totalitaria, no una medida de salud pública sincera y bien fundamentada.

Un par de consideraciones relevantes deberían ser suficientes para tener serias dudas sobre el planteamiento de la vacuna como única solución del problema en el que nos encontramos inmersos hoy en día.

La tasa de supervivencia general de las personas expuestas al coronavirus se mueve alrededor del 99,6 por ciento. La mortalidad por COVID-19 se ha manifestado en muchos lugares (como tienden a hacer los virus). Y hasta ahora no se ha desarrollado con éxito vacuna alguna para ningún virus de la familia de los coronavirus.

¿Debería esto llevarnos a la conclusión de que la normalidad no debería volver “hasta que tengamos una vacuna que hayamos aplicado básicamente a todo el mundo”, como insiste Bill Gates?

Apoyo el uso médico adecuado de las vacunas, por supuesto. ¿Y quién no? Pero la declaración de Gates es ridícula e inevitablemente provoca la pregunta de qué podría motivarla.  Su misantrópica manía de control de la población no es un secreto; tampoco lo es la sospecha de que le gusta utilizar las vacunas – entre otras tecnologías – para alcanzar ese fin.

Su esposa, Melinda Gates (nominalmente una católica), ha aparecido en las páginas de Asuntos Exteriores para indagar sobre el impacto que COVID-19 tendrá en las cadenas de suministro de anticonceptivos. Mientras, las masas han estado soportando paralizantes  cierres surrealistas de la Economía y desempleo masivo, lo que hace que las oscuras sospechas sobre agendas no tan ocultas sean difíciles de descartar.

El número real de personas que han muerto como resultado de COVID-19 ha sido difícil de determinar, en parte porque las autoridades y los medios de comunicación, que cumplen las normas, han mezclado deliberadamente posibles casos de COVID-19 con muertes debidas a afecciones subyacentes anteriores.  Después de meses de incesantes informes de los medios de comunicación, los CDC acaban de informar que en realidad sólo el 6 por ciento de las muertes en USA se deben al COVID-19 – menos de 10.000 personas fallecidas por causa directa y principal de este virus.

Cerca de la mitad de las muertes por COVID-19 en los Estados Unidos han ocurrido en hogares de ancianos, de lo cual son responsables las autoridades que expusieron descuidadamente a este grupo vulnerable a los portadores  del virus. ¿Qué tan segura y efectiva será la vacuna que viene para la población anciana de mayor riesgo, que es la el COVID-19 mata principalmente? ¿Y  cómo será para las masas,  bajo las presiones de una prensa a favor de someterse a la vacuna?

En realidad puede desencadenar una respuesta perjudicial, si no inmediatamente (como lo atestiguan los eventos adversos de los ensayos en curso), sí posteriormente, al momento de la eventual exposición al patógeno.

El hecho de que los fabricantes no sean legalmente responsables de lo que ocurra en estas circunstancias de “emergencia” no inspira confianza alguna. Y los esfuerzos por estudiar la mejor manera de convencer a la gente para que se vacune – Yale está probando qué tipo de argumento de venta (por ejemplo, la culpa y otras formas de manipulación emocional) sería más persuasivo – tampoco inspira precisamente confianza.

Inyectar a personas sanas con una vacuna que no es necesaria y que puede causar algún daño se opone a la tradicional  norma ética. Y es, pura y simplemente, falso pensar que es una necesidad urgente sobre la que todo lo demás debe girar. En realidad es una exigencia de “seguridad” de locos.

Ah, ¿y mencioné que la próxima Vacuna probablemente empleará técnicas de ingeniería genética por primera vez en la historia? La metodología de ARNm usada por al menos por un candidato a vacuna líder nunca ha sido examinada previamente en laboratorios oficiales, y mucho menos clínicamente. Cruzar este umbral  podría tener profundos efectos,  como una onda expansiva que apenas hemos considerado, y seguramente parece contradecir el supuesto espíritu de “la seguridad ante todo” que ha dominado la toma de decisiones de COVID-19.

Insistir en este enfoque es aún más urgente cuando han surgido tratamientos seguros y eficaces -que también resultan ser muy baratos-, que curiosamente han sido difamados y ocultados ante quienes podrían beneficiarse de ellos.  Se ha demostrado más que adecuadamente que la hidroxicloroquina (en particular como tratamiento temprano para pacientes ambulatorios en combinación con zinc y/o antibióticos) es bastante eficaz en la práctica en tiempo real (comparando los resultados de los países que la utilizaron -y cuando lo hicieron- con los que no lo hicieron). Pero esto es de alguna manera una noticia inoportuna que se rechaza rotundamente.

Prohibir su uso no tiene sentido, especialmente porque todas las drásticas imposiciones impuestas al público se referían supuestamente a “salvar vidas”.

Se nos ha dicho repetidamente que “estamos todos juntos en esto”, por lo que es difícil ver que tanto el bienestar individual como el bien común hubiesen estado en el punto de mira durante tantos meses, sin el final a la vista.  Suponemos que una vacuna es realmente el motivo inicial de este lío fabricado.

Y no hemos hecho la obvia pregunta cui bono (¿quién se beneficia de estas restricciones sin precedentes, irrazonables e inhumanas?), que tiene una respuesta bastante obvia: aquellos con ciertas agendas financieras, políticas e ideológicas.

Hemos sido manipulados, condicionados y lamentablemente nos hemos mostrado complacientes.  Este es el gran problema urgente y no la falta de una vacuna.

 

 

 

 

 

The Coming Vaccine

https://www.youtube.com/watch?v=BegGXhBD4Lc

https://www.youtube.com/watch?v=tw4KZEJl8JI

This column first appeared on the website The Catholic Thing (www.thecatholicthing.org). Copyright 2020. All rights reserved. Reprinted with permission. 

September 2020

Matthew Hanley

Matthew Hanley is senior fellow with the National Catholic Bioethics Center. Mr. Hanley’s new book, Determining Death by Neurological Criteria: Current Practice and Ethics, is a joint publication of the National Catholic Bioethics Center and Catholic University of America Press. The opinions expressed here are Mr. Hanley’s and not those of the NCBC.

Matthew Hanley

WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2020

If you’ve heard it once, you’ve heard it a million times: life just can’t get back to normal until a vaccine is ready for stopping COVID-19. Owing to fear, aggressively cultivated panic, and blind trust in what we are disingenuously told is “science,” this view has taken on such momentum that challenging it seems unthinkable – possibly even a punishable offense.

On the one hand, we hear that American ingenuity and freedoms (which of course should be appreciated) have already enabled us to be on the verge of producing said vaccine in record time. On the other hand, several Catholic voices have focused on questions about a vaccine that, at some point in its development, might make use of cell lines derived from aborted fetuses.

That objection is important, as is our responsibility to be vigilant about demanding untainted alternatives (though such vaccines may, in certain circumstances, licitly be used since material cooperation is sufficiently remote). There’s a broader issue, however, that needs much more attention than it has received.

I am talking about the entire premise that a vaccine is necessary for people to resume their lives – which, from a public health standpoint, is absurd. There is even talk that it may become mandatory – that resuming basic activities such as work, school, travel, commerce, etc. will be contingent upon getting the vaccine. That would be an extreme, overtly totalitarian maneuver, not a sincere, well-grounded public-health measure.

A couple of pertinent considerations should be sufficient to raise serious questions about the vaccine-as-the-only-solution mentality we find ourselves immersed in today.

The overall survival rate for those exposed to the coronavirus is likely somewhere north of 99.6 percent. COVID-19 mortality has largely run its course in a great many places (as viruses tend to do). And no vaccine has ever been successfully developed for any virus in the corona family.

Should this lead us to conclude that normalcy should not return “until we have a vaccine that we’ve gotten out to basically the entire world,” as Bill Gates insists?

I support the proper medical use of vaccines, of course. Who doesn’t? But Gates’ statement is ludicrous on its face – and unavoidably prompts the question of what could motivate it?  His misanthropic population control mania is no secret; nor is the suspicion that he is keen on using vaccines – among other technologies – to reach that end.

His wife, Melinda Gates (nominally a Catholic), has taken to the pages of Foreign Affairs to fret about the impact COVID-19 will have on contraceptive supply chains. This while, the masses have been enduring crippling, surreal lockdowns, and massive unemployment, which make dark suspicions about not-so-hidden agendas hard to dismiss.

The actual number of people who have died as a result of COVID-19 has been difficult to ascertain, in part because the authorities and a compliant media have deliberately conflated possible COVID-19 cases with deaths resulting from underlying conditions.  After months of incessantly dire media accounts, the CDC just reported that actually only 6 percent of the deaths attributed to COVID-19 – less than 10,000 people – did not coincide with underlying, lethal conditions.

Close to half of the COVID-19 deaths in the United State have occurred in nursing homes – an indictment of authorities that carelessly exposed this vulnerable group to known carriers. How safe and effective will The Coming Vaccine be for the elderly, compromised population that COVID-19 mainly kills? And for the masses under a full-court press to submit to the shot?

It may actually trigger a harmful response, if not immediately (as adverse events from ongoing trials attest) then subsequently, upon eventual exposure to the pathogen.

That manufacturers aren’t held legally liable for whatever happens under these “emergency” circumstances does not inspire confidence. And efforts to study how best to coax people into getting vaccinated – Yale is testing which kind of sales pitch (e.g., guilt and other forms of emotional manipulation) would be most persuasive – doesn’t exactly inspire confidence either.

Injecting healthy people with a vaccine that is not needed and may cause some harm is not part of the traditional ethical playbook. And it is, purely and simply, untrue to think it is an urgent necessity upon which everything else must revolve. It’s the demand for “safety” run amok.

Oh, and did I mention that The Coming Vaccine will probably employ genetic engineering techniques for the first time ever? The mRNA methodology used by at least one leading vaccine candidate has never been previously tested, much less clinically proven. Crossing that bridge could have profound ripple effects we have scarcely even considered – and surely seems to contradict the supposed “safety first” ethos that has otherwise dominated COVID-19 decision-making.

Insisting upon this approach is all the more maddening when safe and effective treatments – which also happen to be very inexpensive – have emerged, only to be maligned and withheld from those who could stand to benefit.  Hydroxychloroquine (particularly as an early outpatient treatment in combination with zinc and/or antibiotics) has been more than adequately demonstrated to be quite useful in real-time, actual practice (by comparing the results of countries that used it – and when they did – versus those that didn’t). But this is somehow resoundingly unwelcome news.

Forbidding its use makes no sense, especially since all the drastic impositions foisted upon the public were supposedly about “saving lives.”

We’ve been told repeatedly that “we’re all in this together,” so we have a hard time seeing that both individual well-being and the common good have been in the crosshairs for months, with no end in sight.  We suppose a vaccine really is the ticket out of this manufactured mess.

We haven’t asked the obvious cui bono question (who benefits from these unprecedented, unreasonable, inhumane restrictions?), which has a fairly obvious answer: those with certain financial, political, and ideological agendas.

We’ve been manipulated, conditioned – and pitifully compliant.  And that, not the lack of a vaccine, is the urgent problem.

 

 

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